Europa
Nueva línea de investigación en el caso Púnica sobre la presunta financiación irregular del PP madrileño. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han puesto sus ojos sobre varios cursos de formación gestionados por la Comunidad de Madrid y confinanciados por el Fondo Social Europeo destinados a desempleados madrileños. Los cursos investigados fueron impartidos por el Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, imputado ya en este caso. Fernández es uno de los donantes de Fundescam, la fundación vinculada al PP de Madrid y, según creen los investigadores, el principal vehículo que utilizaron los populares para financiar de manera opaca varias campañas electorales.
La UCO solicitó a finales de septiembre de 2016 a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda el expediente original por el que se licitó la "organización e impartición" de 972 cursos de formación profesional para desempleados durante los ejercicios 2007 y 2008, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. En estos dos años, se celebraron dos de las campañas electorales bajo sospecha, las autonómicas de 2007 y las generales de 2008. Los 972 cursos se repartieron en 118 lotes, de los que 39 no se llegaron a adjudicar. Había cursos de todo, de poda, veterinaria, chapista pintor, pastelería, pescadería, electricidad, soldadura, gemología, idiomas, informática, comercial, logística, publicidad, turismo rural, geriatría...
Pero los que han llamado la atención a los investigadores han sido cinco lotes en concreto. El 103 sobre informática especializada, adjudicado a la empresa Gestión de Centros Educativos por 84.700 euros. Los lotes 107 y 108 sobre multimedia, adjudicados a Gestión de Centros Educativos por 160.017 y 151.590 euros, respectivamente. Y los lotes 116 y 117 sobre cocina y repostería, que se llevó el grupo Arturo Cantoblanco por 122.918 euros cada uno. Todos suman un total de 642.143 euros. Fuentes del área de formación de CCOO, que en esos años participaron en la gestión de esos cursos, señalan que "el Grupo Cantoblanco no era un habitual como centro de formación".
Arturo Fernández lo niega. Asegura que Gestión de Centros Educativos no es suya, sino de un socio suyo en dos colegios, Carlos Madruga. "No tiene nada que ver conmigo, aunque la UCO me vincule. Absolutamente nada". En el registro mercantil aparecen dos empresas llamadas Gestión de Centros Educativos, una de ellas del Grupo Cantoblanco. En cuanto a los cursos de cocina, Fernández afirma que su grupo fue el adjudicatario, pero que luego subcontrató la realización de los mismos a otra empresa.
La UCO ya tiene acreditado que Arturo Fernández y CEIM, la patronal madrileña que él presidía, donaron 160.000 euros a Fundescam en el año 2007. "Las líneas de investigación abiertas están poniendo de manifiesto la existencia de numerosos elementos probatorios que acreditarían cómo el PP de Madrid se habría financiado ilegalmente y de manera continuada al objeto de poder afrontar los gastos electorales", señala un reciente informe de la UCO. Ese informe menciona una carpeta decomisada por la Guardia Civil en el domicilio de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid y uno de los investigados en el caso. Arturo Fernández también quiere matizar que cuando CEIM donó los 100.000 euros a Fundescam él solo era uno de los 14 vicepresidentes, y que el presidente era Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión. "Esa donación no pasó por la Junta Directiva. Yo no soy responsable", señala Fernández.
Eb un documento con el título 'Aportaciones especiales' se reflejan "aportaciones económicas de distintas personas físicas y jurídicas" y las fechas en las que estas se producían. Aparecen los 100.000 euros de CEIM, los 60.000 euros de Arturo Fernández y otros 60.000 de Gestión de Centros Educativos, sociedad del Grupo Cantoblanco que se llevó varios de los cursos de formación investigados. En total, 220.000 euros. Este dinero fue a parar a una cuenta de Caja Madrid en la que Gutiérrez estaba autorizado y cuyo titular es Fundescam. Los ingresos se produjeron "en semanas anteriores a la campaña electoral de 2007 y también durante el transcurso de la misma". La UCO está convencida de que este dinero sirvió para pagar gastos electorales del PP de Madrid fuera del circuito legal.
Los agentes destacan cómo Arturo Fernández, uno de los empresarios con aportaciones más notorias al PP de Madrid, recibió después determinadas adjudicaciones de contratos públicos, como los cursos de formación que se llevó Gestión de Centros Educativos apenas dos meses después de la donación que hizo esta sociedad del Grupo Cantoblanco. Tres lotes que suman 396.307 euros. La UCO ya ha tomado declaración como testigos a varios funcionarios de la Consejería de Economía y Empleo, concretamente de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo.
Todos los indicios y pruebas recabadas hasta ahora apuntan que la trama Púnica habría permitido a Esperanza Aguirre acudir con más presupuesto del permitido a las elecciones autonómicas de 2007 y también a las de 2011. En las primeras, la Fiscalía cifra en 2.685.000 euros el dinero B generado por Púnica. En las segundas, dos años después de que estallara Gürtel, Aguirre volvió a presentarse con un excedente B de 1.546.000 euros. El PP de Madrid también aportó 685.000 euros no declarados a la campaña de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008, las segundas en las que el actual presidente del Gobierno se presentó como cabeza de lista del PP nacional. Esos fondos habrían permitido a Génova rebasar los límites legales de gasto en esos comicios, concurriendo así en ventaja con respecto a sus competidores.
Cursos inventados
En otro informe, la UCO también señala que el PP pudo inventar cursos de formación para pagar algunos gastos de la campaña electoral de Rajoy en 2008, una especie de engaño ideado por Ignacio González, el principal protagonista del caso Lezo y actualmente en prisión. Como adelantó la Cadena SER, el PP generó una importante deuda con algunos de los proveedores de esa campaña. ¿Cómo se les pagó? La fundación Fundescam, controlada por los populares, decidió conceder a esos proveedores una especie de cursos de formación para trabajadores. El dinero para sufragar esos cursos salió de la Comunidad de Madrid, tras aprobar Ignacio González una subvención de 200.620,64 euros para su realización. Los cursos no se hicieron, pero las empresas los cobraron, con dinero público. El objetivo era saldar la deuda de la campaña de Rajoy.
Nueva y magnífica información del pp. Parece que quisieron copiar al PSOE con lo de los cursos.
