1.- Reforma electoral y regeneración democrática
Una nueva ley electoral respetuosa con la igualdad del valor del voto de cada ciudadano con independencia de su lugar de residencia, para implantar una representación proporcional del pluralismo político.
Proponemos aumentar el Congreso a 400 diputados, la mitad de los cuales se elegirán en una circunscripción nacional única mediante listas desbloqueadas, hasta que sea posible el sistema de listas abiertas. Y eliminando cualquier obstáculo a la iniciativa política, como la exigencia de firmas para presentar listas a los partidos extraparlamentarios.
2.- Reforma de la Constitución
Reforma de la Constitución para conseguir un Estado federal fuerte con competencias exclusivas en educación, sanidad, justicia o medio ambiente, que garantice a todos los ciudadanos los mismos derechos y obligaciones en cualquier lugar de España. Donde todas las Comunidades Autónomas tengan las mismas competencias y financiación, sin privilegios ni excepciones. Distribuyendo racionalmente las competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para evitar duplicidades, despilfarro y burocracia inútil.
4.- Justicia independiente y eficaz
Justicia independiente y eficaz, indispensable en una verdadera democracia. Los jueces deben elegir libremente a sus órganos de gobierno, no los partidos políticos, y el Parlamento debe elegir al Fiscal General del Estado para aumentar la independencia de la Justicia; por la misma razón, el gobierno no debe nombrar miembros del Tribunal Constitucional.
Conseguir una verdadera igualdad y seguridad jurídica es una asignatura pendiente en España: las leyes deben ser pocas, claras e igual de obligatorias para todos.
5.- Crisis económica y reforma del Estado
Crisis económica y reforma del Estado: tenemos un Estado demasiado caro, complicado e ineficaz que ha empeorado la crisis económica de modo que la lucha contra la crisis comienza en su reforma: eliminando duplicidades, despilfarro y normas absurdas. Podemos ahorrar 26.000 millones anuales mejorando la gestión de las Comunidades Autónomas, y 14.000 más suprimiendo las Diputaciones y fusionando Ayuntamientos. Y más dinero suprimiendo miles de entes públicos innecesarios que consumen recursos y crédito sin producir servicios.
También derogando miles de normas locales que obstaculizan la iniciativa económica, restaurando el mercado único nacional y la libertad de circulación de profesionales y empresas. Así será posible mantener servicios básicos sin recortes, y dedicar el ahorro público a invertir en economía productiva.
6.- Reforma laboral y creación de empresas
Reforma laboral y creación de empresas: padecemos un mercado laboral ineficaz e injusto, responsable del altísimo paro y en especial del juvenil.
Proponemos un contrato único indefinido con indemnización por despido creciente con el tiempo, que facilite la contratación de trabajadores y proteja más eficazmente a todos. Los contratos temporales deben ser excepcionales, sólo para sustituciones. Hay que facilitar y promover el trabajo a tiempo parcial, y el momento de la jubilación debe ser flexible y voluntario.
Deben desaparecer las trabas burocráticas para fundar empresas, y hay que dar apoyo fiscal a los emprendedores, además de erradicar la morosidad pública que arruina a pymes y autónomos. Debemos estimular la I+D+i y la industria digital, derogando la Ley Sinde, sustituida por una Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la evolución de la tecnología y a los derechos de autores y usuarios.
7.- Crisis de la deuda y techo de gasto
Crisis de la deuda y techo de gasto: el gasto desbocado de las Comunidades Autónomas (55% del gasto público) es el talón de Aquiles de las finanzas públicas. Urge limitar por ley el techo de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, del mismo modo en que la Unión Europea limita el de todos sus Estados miembros.
La credibilidad y solvencia de España en los mercados internacionales exige cuentas públicas transparentes y rigor en la política fiscal, acabando con años de despilfarro, ingeniería contable e inversiones insostenibles.
8.- Cajas de ahorros y sector financiero
Cajas de Ahorros y sector financiero: muchas Cajas de Ahorro han sido primero arruinadas financiando la burbuja inmobiliaria, y luego saqueadas por pésimos gestores impuestos por los partidos para acabar privatizadas sin control político suficiente ni información a los ahorradores.
El Banco de España es responsable por su pasividad, que ha dañado gravemente la solvencia financiera del país. Proponemos la urgente despolitización de las Cajas y del sector financiero, depurando responsabilidades y saneando bajo control público las Cajas quebradas para que, con gestores realmente profesionales, puedan volver a ser la banca de los pequeños ahorradores e inversores. Las ayudas públicas deberán ser devueltas al Estado, y las indemnizaciones, bonificaciones y privilegios de los cargos de las Cajas saneadas limitados drásticamente o eliminados.
9.- Transparencia y derecho a la información
Las administraciones públicas deben ser transparentes: deben publicar de forma fácilmente comprensible y actualizada sus cuentas y presupuestos, los concursos públicos de adjudicación de obras y sus resultados, las subvenciones que conceden y el empleo que se les da.
La administración electrónica debe desarrollarse para poder hacer desde el ordenador personal cualquier consulta o gestión administrativa, desde pedir un certificado hasta fundar una empresa, y en el futuro votar en las elecciones. Las normas y procedimientos administrativos deben simplificarse al máximo. El acceso a la información pública es un derecho básico, y cualquier ciudadano debe poder acceder a cualquier información que no esté protegida por razones superiores, como el derecho a la intimidad y seguridad de las personas.
10.- Medio ambiente, recursos naturales e infraestructuras
La vertebración de España exige una política común de medio ambiente, de uso de recursos naturales como el agua y el territorio, y de inversión en infraestructuras.
No podemos permitirnos trocear los parques nacionales y áreas protegidas en minifundios autonómicos, ni permitir la apropiación local de ríos o costas para dedicarlos a usos no sostenibles o forrarlas de hormigón. El egoísmo localista, y la falta de una estrategia sostenible, han llenado el país de aeropuertos sin aviones y otros derroches similares. Recursos naturales, infraestructuras racionales y cuidado del medio ambiente deben mejorar la calidad de vida de ciudadanos más iguales y más libres.
11.- Mejorar la participación ciudadana y el control de la política
La democracia del siglo XXI debe ser la democracia de los ciudadanos. Proponemos que, con medio millón de firmas, pueda proponerse una iniciativa legislativa popular, y someterse a referéndum ciudadano las decisiones importantes.
Los partidos políticos, sindicatos y asociaciones deben buscar la autofinanciación, y en todo caso dar cuenta estricta del uso del dinero público, publicando sus cuentas y las remuneraciones de los cargos públicos, que deben renunciar a cobrar más de un sueldo público o a pensiones suplementarias y cualquier otro privilegio.
12.- Europa federal
La crisis está demostrando que los Estados nacionales son demasiados pequeños e ineficaces para defenderse de una crisis global. Y que el euro no basta porque las instituciones europeas son demasiado lentas, rígidas y dependientes de los gobiernos y de sus egoísmos nacionalistas.
Necesitamos verdaderas instituciones europeas, como un verdadero gobierno económico con un Tesoro y una fiscalidad europea común. Y que ese gobierno sea supervisado por un Parlamento con verdadero poder legislativo y de control, elegido por la ciudadanía de una auténtica Europa federal.
