El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto para la reforma de la Ley de Extranjería, la cuarta reforma en un periodo de nueve años, cada una de las cuales ha sido más inútil que la anterior y, leyendo ésta última, ya podemos decir que será igual de ineficaz que las anteriores. Por supuesto, a la Vicepresidenta del Gobierno le ha faltado tiempo para decirnos que con esta ley el Gobierno confía lograr una inmigración «legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanos», y que se «perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, se aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes mediante iniciativas educativas.” En fin, ¿cuántas millones de veces hemos oído esto antes?
Ha sido gracioso ver la reacción de algunas organizaciones de inmigrantes o de periódicos digitales diciendo que el Gobierno español “endurece” la Ley de Extranjería. Exacto, “endurece”, esto ya es de reír por no llorar. Los mismos medios de comunicación españoles, totalmente pro-invasión todos sin excepción, reconocen que este proyecto es más blando (más aún) que el anteproyecto que hizo el Gobierno hace unos meses. Y no les falta razón, este proyecto de ley es un chiste, un disparate, una auténtica basura teniendo en cuenta la crisis de emergencia nacional económica que está viviendo España en este momento.
Para empezar, se modera la restricción al reagrupamiento familiar. Los inmigrantes que estén en España podrán traerse a los hijos, a los que el gobierno dará automáticamente permiso de trabajo si tienen 16 años o más, y a los padres, si tienen más de 65 años, aunque también, por motivos “humanitarios” podrán traer a menores de esa edad. Desde DN nos preguntamos por qué seguimos trayendo a ancianos del Tercer Mundo a España en un momento en el que miles de ancianos están muriendo cada año esperando la ayuda de una Ley de Dependencia que no llega nunca, donde tenemos los hospitales colapsados por inmigrantes y con unas pensiones ridículas en muchos casos. Además, antes se pedía que el inmigrante tuviera unos ingresos mínimos para demostrar que podía mantener a los reagrupados. Ahora se lo ponen aun más fácil, ya que se contarán los ingresos de toda la familia.
Otro punto nuevo son las sanciones a aquellos que favorezcan la inmigración irregular y que a sabiendas permitan la entrada de ilegales como “turistas” y les ayuden a permanecer aquí tras el fin del plazo legal. En fin, si esto fuera retroactivo, habría que meter en la cárcel a todos los Presidentes del Gobierno y a todos los Ministros de Interior y de Inmigración que ha tenido España en los últimos diez años. Además, incluye la excepción de no sancionar a aquellos que ayuden a los ilegales por motivos “humanitarios”, por lo que todas las ONGs que se dedican a esto seguirán haciéndolo sin problemas. Tampoco se dice nada de aumentar las inspecciones de trabajo para vigilar la contratación de inmigrantes ilegales.
La pensión completa a cargo del contribuyente español, conocida como “estancia en centros de internamiento”, aumenta de 40 a 60 días, aunque tampoco especifica lo que se hará cuando acabe el tiempo y el país de origen del inmigrante siga negándose a aceptar la repatriación. En cuanto a las mujeres inmigrantes maltratadas, se contempla la posibilidad de darles permiso de residencia temporal, así como también se permitirá el reagrupamiento de las parejas de hecho, algo que provocará un aumento de la picaresca para conseguir la entrada en España. También se reduce el tiempo de prohibición de retorno a España una vez expulsado, antes eran diez años, ahora serán cinco.
Estos son, a grandes rasgos, los principales puntos de esta reforma ¿alguien ve algún “endurecimiento” de la Ley por algún sitio? se sigue premiando la inmigración irregular como hasta ahora, es decir, el inmigrante que viene ilegalmente seguirá teniendo sanidad y educación gratuitas, todo tipo de ayudas sociales y la seguridad de que si aguanta un tiempo al final será legalizado, teniendo preferencia sobre un español en infinidad de ayudas y recibiendo vales de 30 euros para que compren comida en el supermercado. No se prohíben las regularizaciones masivas, ni se dice claramente que un ilegal nunca podrá ser legalizado, no se elimina la figura del arraigo social, por la que un ilegal que demuestre llevar tres años en España puede ser legalizado. No se dice absolutamente nada sobre la situación económica de España que, con cuatro millones y medio de parados, tiene el mayor porcentaje de inmigrantes de toda la Unión Europea, no se contempla en ningún sitio una mayor dureza en el control de la inmigración ilegal, ni la posibilidad de devolver a sus países de origen a los inmigrantes que se quedan en paro, a los delincuentes, a los que estén en situación irregular o sencillamente, a los que sobran, que son muchos en este momento, no se les pide ningún compromiso de respetar las tradiciones y costumbres autóctonas, no dice nada sobre lo que hay que hacer con el millón de ilegales que hay en nuestro país, no se contempla la restricción de la masiva concesión de nacionalidad a extranjeros...
¿Y qué ha dicho la oposición? Esa oposición cuyas propuestas en inmigración el último año han sido pedir el voto inmigrante para las municipales, exigir al Gobierno que pague de inmediato a las madres inmigrantes los 2500 euros por hijo, pedir explicaciones a Rubalcaba por las “cacerías” de ilegales y pedir en el Congreso la retirada de las calles de nuestras ciudades de nombres como Núñez de Balboa o Bartolomé de las Casas, por su relación con la trata de esclavos. Pues bien, el Consejero de Inmigración de Madrid, el señor Lasquetty, el amigo de Esteban Ibarra, ha declarado que “ahora era el momento de buscar el diálogo y el consenso para mejorar los cauces de llegada legal de inmigrantes” ¿Pero qué “llegada legal de inmigrantes”?¿con cuatro millones y medio de parados en España este señor quiere que vengan más inmigrantes todavía? A estas alturas, ya da igual legal que ilegal, no ha de venir ni uno más, de ninguna manera.
Desde Democracia Nacional consideramos esta reforma una auténtica tomadura de pelo que no va a resolver nada. En estos momentos de brutal crisis económica se necesita una Ley de Extranjería de emergencia con varios puntos concretos: para empezar, entrada de inmigrantes cero, tanto ilegales como legales. Con un 20% de parados, no habrá más entradas de inmigrantes de ninguna manera, ni por reagrupamiento familiar, ni por asilo, ni por contratación en origen, ni nada. El millón de ilegales serán devueltos a sus países en la mayor brevedad de tiempo posible, llegando a acuerdos con sus países de origen (cuyas Leyes de Extranjería son mucho más duras que la nuestra, por cierto) si se niegan, el Gobierno español les retirará todas las ayudas y prohibirá el envío de remesas a dicho país. El inmigrante que se quede sin trabajo y permanezca en esa situación durante varios meses, será devuelto a su país de origen, los delincuentes, menores o no, serán repatriados a sus países de origen prohibiéndoles la entrada a España de por vida.
Todo esto puede parecer duro, pero es la única manera de solucionar el problema, el “buenismo” en inmigración no ha servido de nada durante los últimos diez años, aparte de colapsar el Estado, degradar miles de nuestros barrios y de matar a miles de pobres personas en el Estrecho. DN pronostica que, con esta nueva reforma de la Ley, continuaremos en el mismo camino, es decir, el de no resolver nada, como no han resuelto nada las docenas de propuestas del PP y del PSOE los últimos diez años. Nos jugamos el trabajo de nuestra gente, trabajo que los empresarios siguen quitándole a nuestros trabajadores para dárselo a un inmigrante que, lógicamente, no tiene ninguna culpa por ello. Nos jugamos la supervivencia de nuestro estado de bienestar, la calidad de nuestra sanidad y de nuestra educación publicas, colapsadas por la inmigración, nos jugamos nuestras pensiones futuras, nos jugamos que nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda y formar una familia, cuyas ayudas se llevan los inmigrantes, nos jugamos, en definitiva, la supervivencia nacional, porque repetimos una vez más: un país con cuatro millones y medios de parados no puede tener a más de seis millones de invitados.
fuente: http://www.democracianacional.org/dn/modules.php?name=News&file=article&sid=2736
