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Diez años después del inicio de la guerra de Irak salen a la luz las pruebas del maltrato infligido a dos reclusos locales.
Un general que ocupó durante cuatro años el más alto mando de las Fuerzas Armadas solía presumir, con cierta temeridad, de que ninguno de los miles de militares españoles que en el último cuarto de siglo han desarrollado misiones en el exterior ha hecho nada de lo que haya que avergonzarse. Lo decía después de que se conocieran imágenes de marines estadounidenses orinando sobre cadáveres o soldados alemanes mofándose de calaveras en Afganistán. Hasta ahora, se ha visto a los militares españoles repartiendo comida a los niños o curando a civiles en zonas de conflicto. También, aunque menos, se les ha visto combatir. Todo eso lo han hecho. En cambio, no se les ha visto nunca infligir malos tratos a prisioneros. Y muchos preferirían que nunca se les viera hacerlo. Pero eso no significa que no haya sucedido.
La escena está grabada en Diwaniya, la base principal de las tropas españolas en Irak, en los primeros meses de 2004. La participación en la guerra de Irak, de cuyo inicio se cumple una década el próximo día 20, tiene algo que la hace radicalmente diferente a la de Bosnia o Afganistán: no solo se hizo sin el aval de la ONU y con la abrumadora oposición de la opinión pública española, sino que llevó a los militares españoles a colaborar con las fuerzas estadounidenses de ocupación. Ante el vacío de poder dejado por la disolución del Estado iraquí y del partido Baaz de Sadam Husein, la llamada CPA (Autoridad Provisional de la Coalición), en la que había oficiales y diplomáticos españoles por decisión del entonces presidente José María Aznar, se convirtió en Gobierno ocupante.
"Para hacer cumplir las leyes impuestas por la CPA" y puesto que "las fuerzas de la coalición representan la ley y el orden en Irak", en septiembre de 2003, solo un mes después de que llegase a Irak la Brigada Plus Ultra, con 1.300 españoles, se distribuyó entre sus mandos un documento de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor titulado Procedimiento de detención y actuación con el personal detenido. La guía, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, ordenaba que "durante y después de la detención se empleara la violencia mínima imprescindible" y que se mantuviera "en todo momento el respeto a los derechos del detenido". Los motivos para practicar una detención eran muy amplios. "Cualquier persona puede ser detenida si crees que representa una amenaza contra las fuerzas de la coalición" o si "tienes la sospecha razonable de que ha cometido un delito", se instruía a los militares. El manual incluía un catálogo de derechos del detenido y advertía de que "no podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". Tampoco nadie podía ser sometido, "durante su interrogatorio, a violencia, amenanazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o juicio". Lo que no existía es control judicial alguno, y el propio manual confiaba en "el buen juicio y sentido común" del oficial al mando.
Noticia Completa y vídeo de la paliza
Esto es jodidamente vergonzoso.
