Estrasburgo abre la puerta a eliminar el tope de 2 años en las indemnizaciones por despido y fijar un mínimo de 6 meses
El Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo -similar al de derechos humanos, pero para asuntos vinculados a empresas y trabajadores- ha resuelto una reclamación de UGT contra España en la que se posiciona a favor del sindicato y decide que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedentes en España no cumple con la Carta Social Europea, lo que abre la puerta a que el Gobierno emprenda una reforma que elimine el tope máximo de 24 mensualidades y fije un mínimo de seis. Un cambio sin precedentes que supondría una revolución en las relaciones laborales en el país.
Según ha comunicado a la prensa este lunes UGT, esta resolución -que fue remitida por este organismo al Consejo de Ministros del Consejo de Europa, quien el próximo lunes hará público el posicionamiento- señala que la indemnización por despido improcedente en España (de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) es injusta y no disuade lo suficiente a las empresas de despedir, lo que abre la puerta a una modificación legal que elimine ese tope de dos años en la indemnización o que "lo eleve significativamente".
Un cambio de estas características supondría un incremento del coste del despido que, además, las empresas no podrían conocer de antemano si se arbitra en función de las características de cada despedido. "La indemnización por despido no puede ser conocida previamente por el empresario", ha señalado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, quien pide que las indemnizaciones se perfilen en función de características personales de los despedidos como "la situación económica, si tiene hijos, si está en alquiler o no, los riesgos de vulnerabilidad relacionados con discapacidad o violencia machista", entre otros.
"El Comité ya había señalado anteriormente que establecer topes máximos para compensar a una víctima de un despido injusto contravenía la Carta Social Europea", ha destacado Fernando Luján, vicesecretario de política sindical de UGT. Este sindicato pide que se elimine o eleve ese tope máximo y que se fije un mínimo de 6 mensualidades.
Además, pide recuperar los salarios de tramitación (los que percibiría el trabajador en el periodo que va desde el despido hasta que se produce la resolución judicial) "para asegurar que los trabajadores no sufran pérdidas financieras durante el período de litigio"; fomentar la reincorporación de los trabajadores y asegurar un tramitación judicial más rápida, "reduciendo los retrasos judiciales".
LOS JUECES YA LO TIENEN EN CUENTA
El sindicato que lidera Pepe Álvarez asegura que esta decisión del Comité de Estrasburgo es vinculante y que, por tanto, el Gobierno está obligado a cambiar la legislación, aunque existe debate entre los juristas sobre si la decisión del Comité es sólo una recomendación o es de obligado cumplimiento, como ya ha contado EL MUNDO.
El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ya ha mostrado su intención de modificar la regulación para elevar las indemnizaciones por despido, aunque no está tan claro que en Economía piensen lo mismo. Los expertos creen que, de producirse una reforma legislativa, esta podría obedecer más a una voluntad política que a una obligación procedente del Consejo de Europa -al que está adscrito este Comité-.
"Esta materia está contemplada en el acuerdo de Gobierno y es clave que lo que es fuente de derecho europeo forme parte de nuestra legislación (...) Seguiremos con la agenda del Ministerio de Trabajo siempre con absoluta tranquilidad. Los empresarios no contratan para despedir y en un país en el que el despido no es un problema, la clave está en tener herramientas ante situaciones de crisis para acompañar a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie. Este es un elemento que va a ser objeto de reforma, como siempre en el diálogo social y acomodándonos a la legislación europea", ha señalado este mismo lunes Díaz.
No obstante, incluso si el Ejecutivo no aprueba ningún cambio, ya hay tribunales en España que están teniendo en cuenta la obligación de España de cumplir con la Carta Social Europea y están fallando que los trabajadores merecen indemnizaciones compensatorias por encima de los 33 días por año trabajado. "Si el Gobierno no tiene intención de aplicar esta recomendación con un cambio legislativo, allá ellos. A nosotros no nos importa tener que ir juzgado a juzgado, litigio a litigio, discutiendo todas estas cuestiones. Nuestros servicios jurídicos han hecho un trabajo a fondo para ello", ha asegurado Álvarez.
https://www.elmundo.es/economia/2024/07/22/669e2540e85ece902b8b459d.html
